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[ya se están preparando enmiendas a
la directiva abajo citada, más duras si cabe y contra las que IP Justice (en los links) protesta]
 por Mercè Molist 11/09/03
UN ESTUDIO DENUNCIA QUE LAS NUEVAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL LIMITAN LOS DERECHOS DE INVESTIGADORES Y
USUARIOS
El gobierno español quiere adoptar la directiva europea al pie de la letra y en su versión más
restrictiva
La Fundación para la Investigación de las Políticas de Información (FIPR)
acaba de publicar un detallado estudio sobre la
Directiva Europea de "Copyright", donde se
avisa que "muchas de las actividades de los ciudadanos europeos pueden prohibirse tan pronto como entre en
vigor". Según el informe, que analiza también su aplicación en España, el
anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual "intenta literalmente copiar las medidas
legales adoptadas en Bruselas o en el otro lado del Atlántico, ocultando a los ciudadanos
cuáles son los verdaderos intereses detrás de ellas".
Según la organización independiente FIPR, "actividades como transferir canciones de un CD
con protección de copia a un "walkman" o un ordenador, o ver un DVD en un
ordenador que funciona con el sistema operativo Linux pueden ser ilegales". El editor del informe, Ian Brown, augura que "estas
nuevas leyes impuestas desde Hollywood y la industria discográfica van a
eliminar los derechos de los ciudadanos. Deben modificarse para proteger tanto a los dueños de
CDs o libros electrónicos como a las compañías de medios audiovisuales".
El estudio denuncia que los usuarios no han sido invitados a las reuniones
para confeccionar la directiva y las leyes estatales. Así, éstas se centran en lo que interesa a la industria: regular
la copia y prohibir saltarse los mecanismos anti-copia. El investigador Alberto Escudero-Pascual,
autor del apartado dedicado a España, denuncia que "la directiva no es equilibrada,
intenta proteger los intereses tradicionales sin entender que las nuevas tecnologías
han impuesto modelos diferentes. Actividades como la investigación en seguridad o el "software"
libre no tienen espacio en la ley. Es necesario que se reconozcan los mecanismos de
distribución alternativos a las distribuidoras, la relación directa entre autor y usuario, etc".
 Según el investigador, entre
la directiva europea de 2001 y la norteamericana Digital
Millenium Copyright Act, hay "muchos puntos en común, en especial el crear un marco legal que
criminaliza el uso de tecnologías y herramientas capaces de romper las protecciones. No sólo se criminaliza
el uso sinó la tenencia. Puede ser delito analizar un mecanismo de protección o la
distribución de una copia privada y será necesario pagar un "canon" por el soporte, a pesar de que el programa que
se grabe sea gratuito".
El estudio afirma que la
directiva europea afecta seriamente a los
programas libres, la investigación en seguridad,
la libre competencia, la diversidad cultural, la libertad de expresión y
la privacidad.
En España, se está pendiente de adaptar la Ley de Propiedad Intelectual,
mediante un anteproyecto presentado en noviembre del año pasado. Dice Escudero-Pascual: "No
veo en el gobierno muestras de entender las implicaciones de las medidas que quieren
adoptar. Los principales argumentos en el debate han sido los roles de la Comisión de Propiedad
Intelectual y la definición de copia "privada". Otros temas, como la posición
vulnerable del 'software libre' o la investigación, casi no han
sido incluidos y se ha excluido a sus representantes de los debates.
El gobierno no ha desarrollado una política nacional relativa a las medidas de protección
tecnológicas y se ha limitado a reproducir la directiva tan fielmente
como ha podido".
Según el informe de Escudero, "una nota del anteproyecto admite
claramente que, debido a la complejidad y el carácter excesivamente técnico de las
secciones concernientes a la protección legal de las "medidas de protección tecnológica", la nueva ley
intenta reproducir la directiva tan fielmente como es posible". En cuanto a las disposiciones que no se han copiado literalmente, dice
Escudero-Pascual, la tendencia es a "incluir todos los casos de excepciones que la Directiva
Europea permite, incluyendo algunas limitaciones extras". Por ejemplo, aunque la directiva admite que se
exima a los investigadores del delito de circunvalación de las
protecciones tecnológicas, en España y otros países sólo estarán eximidos los
minusválidos.
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